La relación entre el acceso a la información y el ejercicio pleno de la ciudadanía es uno de los pilares fundamentales para la existencia de una sociedad verdaderamente democrática. El ciudadano bien informado es el agente central de la transformación social, capaz de participar activamente en las decisiones que moldean su presente y su futuro.
De esta forma, el acceso a la información debe ser un derecho garantizado para todos, sirviendo como una herramienta para la formación de la ciudadanía. Así, en este texto, Politize! y CIVIX Colombia te explicarán qué significa el acceso a la información, cuál es su importancia, sus desafíos y por qué debemos ejercer este derecho.
*CIVIX Colombia es una organización no gubernamental cuya misión es promover la construcción de una ciudadanía activa e informada, a través de la enseñanza de valores cívicos y democráticos.
¿Qué significa acceso a la información?
¿Te has imaginado intentar navegar o explorar un territorio totalmente desconocido sin ningún tipo de guía, orientación o conocimiento sobre el lugar? No parece una tarea fácil, ¿verdad? Esto significa que la información cumple un papel muy importante para que tengamos conocimiento sobre determinada área o tema.
Esto vale para todos los aspectos de la vida. Realizar un recorrido con un manual es mucho más fácil que hacerlo sin uno. En ese sentido, el acceso a la información va más allá de la capacidad de acceder a noticias, datos, materiales y explicaciones. Es un derecho humano fundamental que debe garantizar que las informaciones de interés público sean transparentes y accesibles para todos.
En la esfera pública, el acceso a la información es un derecho y una herramienta que debe promover la transparencia sobre asuntos y cuestiones que involucran al Estado, a los órganos públicos y que sean de interés de la sociedad. De esta forma, el acceso a la información tiene dos dimensiones: una activa y una pasiva.
La dimensión activa se refiere al deber del Estado de divulgar, de manera proactiva y transparente, todas las informaciones de interés colectivo o general. La dimensión pasiva es el derecho de cualquier individuo a solicitar y recibir informaciones de los órganos públicos, incluso cuando estas no estén divulgadas de forma activa.
Así, para garantizar el acceso a la información es necesaria la existencia de canales, plataformas y mecanismos para buscar, recibir y divulgar informaciones, datos y acciones. Es la antítesis del secreto y lo contrario de la no divulgación. El acceso a la información no permite que las cosas se hagan “por debajo de la mesa”.
¿Por qué el acceso a la información fortalece la ciudadanía?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce, en su artículo 19, el acceso a la información como un derecho que debe ser preservado y garantizado para todo ser humano en el planeta.
El compromiso universal de garantizar el acceso a la información representa un reconocimiento de la comunidad global de que este principio es un derecho humano básico y un requisito para alcanzar todas estas nuevas metas globales.
Como consecuencia, uno de los indicadores para medir la calidad democrática de una sociedad es la transparencia de sus instituciones públicas. Esto solo es posible a través del ejercicio del derecho al acceso a la información por parte de los ciudadanos.
La ciudadanía no se resume al acto de votar periódicamente en las elecciones. Es un estado continuo de participación en la vida política y social de la comunidad y del país. Y para participar de manera significativa, es necesario estar equipado con conocimiento. Por eso, la información es un instrumento fundamental de fortalecimiento de la ciudadanía y su libre acceso es indispensable.
Solo un ciudadano bien informado puede tener la capacidad de identificar irregularidades, violaciones de derechos y fiscalizar si las acciones del gobierno son lícitas. En ese sentido, la información es un arma importante en el combate a la corrupción y a la impunidad.
Así, tener información sobre lo que hacen el gobierno, los órganos públicos, las grandes corporaciones y otros actores relevantes nos da la capacidad de exigir rendición de cuentas. Y tener una participación activa en este sentido es un ejercicio de nuestra ciudadanía.
Con ello, el acceso a la información implica derechos, pero también obligaciones. La obligación parte del Estado, que debe garantizar los mecanismos de transparencia necesarios para que todo ciudadano tenga acceso a informaciones de interés público. De esta forma, los gobiernos deben proveer datos e informaciones tanto de manera proactiva como cuando sean solicitados.
Pero ¿qué son informaciones de interés público? Pues bien, son informaciones y datos considerados relevantes para la sociedad y el bienestar social. Es decir, son informaciones relacionadas con los derechos fundamentales, seguridad, salud, economía, gestión pública y la propia democracia.
Por lo tanto, el poder público debe proveer de manera transparente toda y cualquier información de este tipo, para que cualquier ciudadano pueda conocerla y utilizarla para mejorar sus condiciones de vida.
La era digital y la ciudadanía conectada
La revolución digital transformó radicalmente el panorama del acceso a la información y, en consecuencia, la práctica de la ciudadanía. Si antes la obtención de datos gubernamentales dependía de desplazamientos físicos, cartas y procesos, hoy una infinidad de informaciones está a pocos clics de distancia.
El entorno digital ha potenciado exponencialmente el flujo y el intercambio de informaciones y datos. Así, los canales y medios para informarse también se han multiplicado. En ese sentido, actualmente los Estados democráticos deben utilizar las plataformas digitales para informar a la población sobre cuestiones relacionadas con políticas públicas, monitoreo de datos, gastos públicos, etc.
Portales de transparencia, como Datos Abiertos en Colombia, por ejemplo, permiten el monitoreo de datos financieros por parte del gobierno colombiano. Con ello, conseguimos tener acceso a informaciones importantes y fiscalizar si las acciones gubernamentales no presentan irregularidades.
Así, hoy en día podemos ejercer la ciudadanía de manera digital. Y no solo en el ámbito de la fiscalización y la rendición de cuentas, sino también de manera propositiva. Las plataformas digitales han facilitado la creación de peticiones en línea, la realización de consultas públicas virtuales y la organización de movimientos sociales, siendo una herramienta importante para unir a las personas en un propósito.
Sin embargo, en gran parte de los países de América Latina el acceso a la información aún no es un derecho garantizado plenamente para todos.
Los desafíos del acceso a la información
El camino hacia una sociedad plenamente informada posee diversos obstáculos. La existencia de leyes y tecnologías no es suficiente para garantizar que el derecho se haga efectivo para todos. Algunos de los principales desafíos son:
- Falta de transparencia de los gobiernos: Casi todos los países latinoamericanos ya han aprobado normas que garantizan el derecho de los ciudadanos a acceder a informaciones públicas. Sin embargo, aún persiste la percepción en la sociedad de que la información no es totalmente completa, clara y objetiva.
- Desinformación: Vivimos en una era de “infodemia”. Es decir, una epidemia de informaciones. El gran desafío dejó de ser la escasez de información para convertirse en la filtración de la calidad y veracidad de los datos. Por ello, es necesario tener cuidado con informaciones falsas y datos engañosos que pueden confundir a la población.
- Violaciones del derecho de acceso a la información: En América Latina, no es raro que los gobiernos se nieguen o posterguen la entrega de informaciones y datos, incluso cuando son solicitados. En 2018, en Argentina, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri tardó meses en liberar documentos clave sobre las condiciones del acuerdo con el FMI. En Brasil, durante la pandemia de Covid-19, el gobierno brasileño fue acusado de ocultar datos sobre el número de casos y muertes causadas por la enfermedad.
¿Cómo puede el ciudadano ejercer su derecho a la información?
Ante este escenario, es fundamental que el ciudadano asuma un papel activo no solo en la búsqueda, sino también en la exigencia del acceso a la información pública. Así, consulta regularmente los portales de transparencia de tu ciudad y de tu país. La transparencia solo es verdaderamente útil si alguien está mirando y accediendo a la información.
Como vivimos en un momento en que la desinformación es un gran problema, procura adoptar una postura crítica frente a la información que llega hasta ti. Verifica si la fuente es confiable, revisa la fecha de publicación y utiliza herramientas de fact-checking para confirmar la veracidad.
Por último, además de consultar y fiscalizar los datos públicos y la información sobre las acciones del gobierno, denuncia las barreras al acceso a la información. Si un órgano público niega indebidamente un pedido de información o no responde en el plazo legal, recurre a la justicia para denunciar la irregularidad. En Colombia, puedes denunciar ante la Procuraduría, Defensoría del Pueblo o Secretaría de Transparencia.
Referencias
UNESCO – Acceso a la información: Lecciones de la América Latina, 2017.
DAVID, Estrella G. Derecho de acceso a la información pública. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, nº 6, p. 186-196, 2014.
HUESO, Lorenzo C. EL RECONOCIMIENTO Y CONTENIDO INTERNACIONAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA COMO DERECHO FUNDAMENTAL. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 40, 2017, pp. 279-316.