En las últimas décadas, Colombia ha dado pasos significativos en la garantía de los derechos de las mujeres. Los movimientos feministas colombianos han sido responsables de impulsar muchos de los cambios y logros alcanzados.
Sin embargo, los avances aún no son suficientes para poner fin al sistema patriarcal colombiano, que impone injusticias sociales cotidianas a las mujeres y a los grupos vulnerabilizados del país. Aún queda un largo camino por recorrer para que el país alcance la plena igualdad de género.
Por eso, este texto ofrece un panorama de los puntos centrales en la historia y la evolución legislativa de los derechos de las mujeres en Colombia.
¿Qué son los derechos de las mujeres?
Antes de profundizar en el contexto colombiano, debemos aclarar a qué nos referimos cuando pensamos en derechos de las mujeres.
De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Sin embargo, históricamente, las mujeres han sufrido diversas formas de violencia de género y han enfrentado la marginación política, social, económica y cultural.
La concepción de los derechos de las mujeres cobró fuerza en el mundo al reconocer a las mujeres como un grupo subyugado, es decir, expuesto a múltiples situaciones de abuso y violación de derechos. Así, los derechos de las mujeres no son más que un conjunto de derechos humanos que buscan garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y combatir la violencia basada en género.
Estos derechos incluyen el derecho a la participación política, a la educación, a la salud, a la seguridad, a la autonomía sobre su propio cuerpo, al trabajo y a la garantía de oportunidades, asegurando el respeto y la dignidad de las mujeres.
Historia de los derechos de las mujeres en Colombia
Inspiradas por los movimientos sufragistas internacionales, las primeras organizaciones feministas surgieron a principios del siglo XX. En 1954, con el Acto Legislativo Nº 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, las colombianas obtuvieron el derecho al voto.
En 1994, en América Latina, se publicó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que describió los tipos y contextos de violencia contra las mujeres. Este documento reconoció que el problema afecta a la mayoría de las mujeres, independientemente de su clase, raza, etnia u orientación sexual.
Principales leyes y protecciones jurídicas
Fruto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, la violencia de género en Colombia comenzó a ser oficialmente combatida a través de un marco jurídico en 2008, con la promulgación de la Ley 1257.
Esta ley define y tipifica las diferentes formas de violencia contra las mujeres: física, psicológica, sexual y económica. Además, establece medidas de prevención, protección y atención a las víctimas.
Otras leyes importantes en la historia de los derechos de las mujeres en Colombia son la Ley 20480 de 2010, que tipifica el feminicidio y aumenta las penas para este delito; las Directrices de Política Pública para la Equidad de Género para las Mujeres; y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, de 2012.
Asimismo, el país cuenta con la Ley 1719 de 2014, que adopta medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, especialmente en el contexto del conflicto armado.
Derechos laborales e igualdad en el mercado de trabajo
Según ONU Mujeres, de los 52,7 millones de habitantes de Colombia, el 51,2% pertenece a la población femenina. De ellas, el 51,8% formaba parte de la fuerza laboral activa del país entre noviembre de 2023 y enero de 2024, mientras que entre los hombres la proporción era del 76,6%. Es decir, una diferencia de participación que casi alcanza el 25%.
Además de no lograr ingresar al mercado laboral en las mismas condiciones que los hombres, las mujeres fueron las más afectadas por el desempleo durante y después de la pandemia de COVID-19. Según el Observatorio de la Mujer Colombiana, 1,5 millones de mujeres perdieron su trabajo como consecuencia de la emergencia sanitaria.
Asimismo, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra que, por cada diez hombres que recuperaron su empleo, solo una mujer logró volver a trabajar.
Las mujeres tampoco son mayoría en puestos de liderazgo. Una investigación de la Facultad de Estudios de Gestión Superior reveló que solo el 25% de 356 organizaciones colombianas tenían una mujer como CEO.
Ya hay medidas en curso para cambiar esta situación. En 2023, el gobierno de Gustavo Petro presentó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Representantes un proyecto de reforma laboral. Entre los puntos principales del plan: reducir la brecha salarial de género, ampliar los derechos de la licencia de maternidad y del período de licencia de paternidad, además de imponer sanciones en casos de discriminación racial o contra la población LGBTQIA+.
Sobrecarga de tareas
Las mujeres también enfrentan una sobrecarga de tareas domésticas. Cuatro horas y 38 minutos. Ese fue el tiempo adicional que dedicaron las mujeres colombianas al trabajo de cuidado no remunerado en comparación con los hombres entre 2020 y 2021. Mientras ellos dedicaban, en promedio, 3 horas y 6 minutos, ellas destinaban 7 horas y 46 minutos al día a estas actividades.
Esta situación no solo genera desgaste físico y emocional, sino que también limita las posibilidades profesionales y de capacitación de las mujeres, perpetuando las desigualdades en el mercado laboral.
En este contexto, Colombia también avanza hacia la autonomía de las mujeres y la valorización del trabajo de cuidado. La iniciativa “Manzanas del Cuidado” concentra servicios gratuitos para las mujeres y sus familias, como centros integrados de asistencia, educación y entretenimiento.
Guarderías, actividades para niños y adolescentes, cursos de formación profesional, talleres de salud y bienestar, espacios de ocio y convivencia, todo disponible y accesible de forma gratuita en los barrios.
Derechos reproductivos y acceso al aborto
Parte de la Marea Verde en América Latina, en 2022, una decisión de la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. La votación para eliminar la interrupción voluntaria del embarazo del Código Penal fue de cinco votos contra cuatro.
El logro garantiza que las colombianas puedan interrumpir voluntariamente el embarazo hasta el sexto mes, el período más largo en comparación con otros países de la región. Esta victoria es resultado de la lucha del movimiento “Causa Justa por el Aborto”, compuesto por 100 organizaciones de mujeres y más de 130 activistas. Después de las 24 semanas, el aborto solo está permitido en casos de violación, malformación del feto y/o riesgo de muerte de la madre.
La decisión de la Corte no regula el aborto legal, pero indica que el Congreso y el gobierno deben implementar políticas públicas que garanticen el acceso de las personas gestantes al derecho al aborto. Además, establece que se debe crear una política integral de educación sexual y métodos anticonceptivos.
Violencia contra las mujeres
De acuerdo con la plataforma “Evidencias sobre Violencias y Alternativas para mujeres y niñas” (EVA), los estudios sobre violencia contra las mujeres enfrentan la subnotificación de casos, la inconsistencia de los registros y la falta de estandarización y confiabilidad de las fuentes de datos.
La investigación más reciente de EVA, que analizó la violencia contra las mujeres en los cinco años posteriores a los acuerdos de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), señaló que las colombianas son las principales víctimas de todas las formas de violencia, excepto las letales.
Como resultado, la victimización del público femenino en otras formas de violencia no recibe la atención necesaria para la formulación de políticas públicas y el combate al problema.
Estadísticas de violencia
El informe de EVA mostró que, entre 2017 y 2021, el sistema de salud colombiano registró 380 mil casos de violencia de género. En total, cada 100 mil mujeres, 314 fueron afectadas por violencia de género no letal en 2021.
De los registros, el 59% fueron casos de violencia física, seguidos por el 31% de violencia sexual y el 10% de violencia psicológica, que fue la que más aumentó en el período analizado (+58%). Las otras formas también tuvieron un aumento, con incrementos del 21% y 14%, respectivamente.
En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró un aumento de casos de violencia sexual, feminicidios y desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en Colombia, especialmente entre las poblaciones indígenas y afrodescendientes.
La importancia del movimiento feminista en Colombia
La lucha por una sociedad más justa y equitativa en Colombia ha sido impulsada por el movimiento feminista. Las herencias machistas y patriarcales, agravadas por el pasado de conflictos armados y desigualdades sociales, exigen una política comprometida con las cuestiones de género.
El movimiento feminista colombiano lucha contra la violencia de género y busca garantizar los derechos reproductivos de las mujeres. Además, las activistas feministas trabajan para superar las barreras que impiden a las mujeres alcanzar la igualdad de oportunidades.
La subrepresentación política, la desigualdad salarial y el acceso limitado a servicios esenciales son solo algunos de los desafíos que enfrentan las mujeres colombianas. Además, las mujeres fueron las principales víctimas del conflicto armado, enfrentando violencia sexual, reclutamiento forzado y desplazamiento. El movimiento feminista busca garantizar que las mujeres sean incluidas en los procesos de paz y que sus derechos sean respetados.
Al manifestarse por los derechos de las mujeres y combatir la violencia de género, la desigualdad y la discriminación, el movimiento feminista ha contribuido directamente al desarrollo de una sociedad más democrática e inclusiva en el país.
La necesidad de garantizar y promover los derechos de las mujeres
De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de 1993, la violación de los derechos de las mujeres es también una violación de los derechos humanos y un problema social.
Para combatirlo, la ONU estableció, en su Agenda 2030, la igualdad de género como el quinto de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta acción global busca combatir las desigualdades y garantizar un futuro mejor y más justo para todos.
Además de buscar ampliar los derechos de las mujeres a través de leyes y protecciones jurídicas, es imprescindible la implementación de políticas públicas que fomenten prácticas sociales justas.
La igualdad entre hombres y mujeres es una condición básica para la justicia social, capaz de poner fin a siglos de sumisión. Así, la construcción de una sociedad más democrática pasa, necesariamente, por la garantía de los derechos de las mujeres.
Referencias
Brasil de Fato – Entenda os desafios para garantir o direito do aborto na Colômbia
Gênero e Número – A maré verde da descriminalização do aborto na América Latina
Instituto Igarapé – A violência contra mulheres na Colômbia nos últimos cinco anos
ONU Mulheres: Colômbia – A situação das mulheres na Colômbia
