La Rama Judicial en Colombia es una institución fundamental para garantizar la justicia y el orden en el país. Después de todo, de nada sirve que las leyes existan solo en el papel; deben ser juzgadas y aplicadas en la práctica. Y para eso existe el sistema judicial, representado por la Rama Judicial.
Este existe porque el Estado político colombiano adopta el sistema de separación de poderes. Esto significa que la forma en que el Estado ejerce sus funciones se divide en tres partes: la Rama Legislativa, la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial. En este texto, buscaremos entender cómo es la estructuración y funcionamiento de la Rama Judicial, así como los principales desafíos que enfrenta y las reformas recientes.
¿Qué es y cuál es la estructura de la Rama Judicial?
La Rama Judicial es uno de los tres poderes del sistema político, siendo el órgano que tiene la función de interpretar las leyes y administrar la justicia en la sociedad colombiana. De esta forma, tiene el deber de defender los derechos y garantías de todos y cada uno de los ciudadanos colombianos, resolviendo conflictos y promoviendo la justicia con base en la ley.
En Colombia, la Rama Judicial se divide en varias instancias y tribunales que trabajan en conjunto para garantizar la justicia. Cada uno tiene sus propias responsabilidades y actúa conforme a la legislación nacional.
Así, esta estructura se compone de tres órganos principales: la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Veamos un poco mejor cada uno de ellos.
Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia es el órgano más alto de la Rama Judicial en Colombia. Nació con la promulgación de la Constitución de 1886 con el objetivo principal de resolver conflictos y competencias entre tribunales y decidir sobre la viabilidad de los actos legislativos realizados por el gobierno colombiano.
Con la formulación y promulgación de la Constitución de 1991, la Corte Suprema sigue siendo de máxima importancia, pero dejó de tener la función de custodiar la Constitución. Esto porque esa función se convirtió en responsabilidad de la Corte Constitucional a partir de entonces.
Actualmente, está compuesta por 23 magistrados, que son elegidos por los propios miembros a partir de listas formadas por el Consejo Superior de la Judicatura, para períodos individuales de ocho años. Su función principal es juzgar casos de alta relevancia, como delitos graves cometidos por funcionarios públicos y cuestiones de gran impacto social.
Así, actúa como tribunal de última instancia, resolviendo recursos presentados contra sentencias de tribunales inferiores. En este sentido, la Corte Suprema también tiene un papel importante en la supervisión del sistema judicial. Puede emitir orientaciones y regulaciones sobre el funcionamiento de los tribunales inferiores y asegurar que la justicia sea administrada de manera justa y eficaz.
Esto significa que tiene el papel de asegurar que los derechos establecidos en la ley se están cumpliendo. Además, la Corte Suprema tiene la atribución de juzgar las acusaciones que el Senado puede hacer contra el Presidente de la República, así como investigar y juzgar a miembros del Congreso Nacional.
Corte Constitucional
Como ya se mencionó, la Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución de 1991 en el país, con el principal objetivo de garantizar los derechos constitucionales en la sociedad colombiana.
Está compuesta por 9 magistrados, que son elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, tras la presentación de listas hechas por el Presidente de la República, por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de Estado.
De esta forma, la principal función de esta Corte es garantizar que todas las leyes y políticas públicas estén en conformidad con la Constitución. Esto incluye la revisión de normas y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Así, es posible resumir y esquematizar algunas responsabilidades de la Corte Constitucional, como:
- Decidir sobre la constitucionalidad de referendos, consultas populares y plebiscitos de orden nacional;
- Decidir sobre demandas de inconstitucionalidad presentadas por ciudadanos contra las leyes y decretos legislativos en el país;
- Decidir sobre la inconstitucionalidad de proyectos de ley elaborados por el gobierno;
- Revisar y juzgar las decisiones judiciales para que estén en conformidad con la Constitución, de modo que se protejan los derechos humanos en el país.
Consejo de Estado
El Consejo de Estado es el Tribunal de Jurisdicción sobre materia administrativa más alto de Colombia, teniendo como responsabilidad resolver disputas entre el Estado y los ciudadanos colombianos. Está compuesto por 31 magistrados, llamados consejeros del Estado, y tiene una gran relevancia para que la administración pública actúe dentro de la ley.
Los magistrados son elegidos por el mismo órgano a partir de la lista definitiva presentada por el Consejo Superior de la Judicatura, para períodos individuales de ocho años. Como una de las funciones del Consejo de Estado es resolver disputas entre el Estado y los ciudadanos, esto significa que tiene un papel fundamental en la protección de los derechos de los ciudadanos.
De esta forma, actúa contra posibles abusos del poder estatal y busca consolidar la paz y la convivencia social armoniosa. Pero no solo eso. También revisa la legalidad de actos administrativos y actúa como un órgano consultivo del gobierno en relación con la legislación, pudiendo emitir pareceres.
Juzgados de Circuito y Municipales
Además de los órganos superiores, en Colombia también hay tribunales regionales y locales, llamados Juzgados de Circuito y Juzgados Municipales. Se ocupan de casos de menor complejidad y cuestiones de menor impacto social.
Así, son responsables de juzgar delitos comunes, disputas civiles y cuestiones administrativas que no involucran la administración pública a gran escala. Estos tribunales son la primera línea de defensa en el sistema judicial colombiano. Es decir, son las primeras instancias a las que los ciudadanos recurren al buscar justicia.
En este sentido, desempeñan un papel vital en la resolución de disputas diarias y en el mantenimiento del orden social, garantizando el respeto de los derechos y deberes y el acceso a la justicia para el pueblo colombiano.
Separación y equilibrio entre los Poderes
La Constitución de 1991 de Colombia establece el principio de separación de poderes, dividido entre la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y la Rama Judicial. Este principio se basa en la idea de establecer un sistema de frenos y contrapesos entre los poderes del sistema político del país. Esto significa que esta división evita la concentración de poder en un solo ramo del gobierno.
Cada poder funciona de manera autónoma, pero interdependiente. Es decir, tienen autonomía para realizar sus funciones, no pueden cometer abusos ni eludir sus responsabilidades, siendo que un poder fiscaliza al otro.
La Legislativa fiscaliza la Ejecutiva, y la Rama Judicial tiene la responsabilidad de juzgar si las leyes creadas por el Legislativo están de acuerdo con la Constitución. En este sentido, si por casualidad la Cámara de Representantes elabora una ley que perjudica o restringe algún derecho fundamental, el Judicial tiene el deber de juzgar esa ley como inconstitucional.
De esta forma, el equilibrio entre los poderes es fundamental para la democracia colombiana, previniendo abusos y garantizando una cierta rendición de cuentas. Así, las leyes, políticas públicas y acciones gubernamentales en su conjunto pueden llevarse a cabo con mayor eficiencia.
Desafíos y evolución de la Rama Judicial
A pesar de tener como gran objetivo promover la justicia en el país, la Rama Judicial aún enfrenta algunos obstáculos que afectan la eficiencia de su trabajo. Uno de estos desafíos es el acceso a la justicia por parte de la población. Esto se debe a que, aunque es una garantía fundamental, aún no se implementa de forma ideal.
La dificultad de acceso y la lentitud de los procesos judiciales hacen que la población colombiana vea el sistema judicial como ineficiente. Según el Informe Justicia Cómo Vamos, casi la mitad de los colombianos considera que el sistema judicial es ineficiente.
La Rama Judicial ha pasado por evoluciones a lo largo del tiempo, donde se han introducido medidas para aumentar la transparencia y la responsabilidad, pero aún queda mucho por hacer. Un ejemplo de cambio para mejorar la justicia en el país fue la creación del Tribunal Especial para la Paz (JEP), en 2017.
Este tribunal surgió como parte de los Acuerdos de Paz con las FARC y es responsable de juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado. Acciones como esta buscan fortalecer la protección de los derechos humanos en el país y fomentar la garantía de la justicia.
Importancia e impacto de la Rama Judicial
La Rama Judicial en Colombia es una institución compleja, con una estructura que involucra diversos órganos y diversos tribunales con responsabilidades distintas. Es fundamental para el Estado democrático colombiano, ya que es quien juzga y aplica las leyes en la práctica.
Con esto, el trabajo del sistema judicial contribuye a garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos colombianos y mantiene el orden social en el país. Las leyes no tendrían valor si no fueran cumplidas y no existiera nadie para aplicarlas. Por lo tanto, las acciones que mejoren la eficiencia del sistema judicial colombiano deben continuar realizándose.
Esto es crucial para garantizar la confianza pública y la legitimidad del sistema judicial. De esta forma, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho no solo de acceder a la justicia en el país, sino también de exigir que el sistema judicial cumpla con sus responsabilidades.
Podemos exigir siempre que la Rama Judicial realice esfuerzos para mejorar sus procesos, tome sus decisiones con base en la ley y promueva la justicia en el país.
Referencias
Función Publica – Rama Judicial
Función Publica – Manual de Estructure del Estado: Rama Judicial
Corte Constitucional – La Corte
Corte Suprema de Justicia – Funciones de la Corte Suprema de Justicia
Consejo de Estado – Misión y Visión
El tiempo – El 83,6% de colombianos no acude al sistema judicial ante conflictos, revela informe
Tribunal Especial para la Paz – misión, visión, funciones y deberes
